H. Cámara de Diputados de la Nación
Proyecto de Declaración
La Cámara de
Diputados de la Nación
DECLARA
Su más enérgico repudio
por la injusta privación de la libertad que sufren los ciudadanos cubanos René
González Sechwerert, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez, Ramón
Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo, detenidos en Miami, Estados
Unidos, desde el 12 de septiembre de 1998. Así como su adhesión a los diversos
reclamos de distintas organizaciones en el ámbito nacional e internacional por
su completa y pronta liberación
Fundamentos
Sr. Presidente,
La injusta situación por la que atraviesa y afecta a cinco ciudadanos
cubanos: René González Sehwerert, Fernando González Llort, Antonio Guerrero
Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo quienes fueron
arrestados en Miami el 12 de septiembre de 1998, acusados de 26 acciones
penales.
El arresto se produjo poco después de que, en junio de 1998, una
delegación del FBI recibiera en la ciudad de La Habana y de manos del gobierno
cubano, cuatro volúmenes y varias cintas grabadas con abundante información
sobre residencias y campos de entrenamiento de grupos terroristas con asiento
en Miami, así como respecto de planes urdidos sin pausa en contra de Cuba, que
le causaron a ese país miles de muertos e inválidos, e ingentes pérdidas
materiales a lo largo del tiempo.
Aunque estos actos son violatorios de las propias leyes de los EE.UU.
sus autoridades, en lugar de perseguir a los delincuentes, encarcelaron a
quienes habían contribuido a recopilar esa valiosa información.
Desde su arresto, estos cinco hombres, han sido víctimas de un
tratamiento violatorio de los derechos más elementales e incluso confinados en
solitario, encerrándolos en celdas de castigo durante 17 meses, aislados entre
sí y del resto de la población del penal, contraviniendo las regulaciones
penitenciarias de los EE.UU.
Reiteradamente, los abogados defensores señalaron que el clima de
opinión hostil hacia Cuba, imperante en Miami, haría imposible que se celebrara
allí un juicio justo y solicitaron un cambio de sede. Estos pedidos fueron
desestimados por la Fiscalía y por la jueza, pese a lo cual, un año después de
dictadas las sentencias, esa misma Fiscalía utilizó argumentos similares a los
que había negado para con el caso de los cinco y pidió cambio de jurisdicción
en un juicio civil en el que el Gobierno de los Estados Unidos fue acusado de
discriminación laboral contra residentes latinos.
En el transcurso del juicio, que duró seis meses y comenzó recién a los
dos años de dichas detenciones, se demostró ampliamente que los cinco
ciudadanos cubanos habían llegado a los EE.UU. con el único objetivo de
monitorear las actividades de los antedichos grupos terroristas radicados en
Miami, para informar a Cuba sobre sus planes criminales.
Ninguna de las graves acusaciones pudo probarse. Finalmente, la
Fiscalía debió admitir que entre las veinte mil (20.000) fojas de documentación
secuestrada de las computadoras de los inculpados, no había una sola que
contuviera información clasificada o relacionada con la seguridad nacional de
los EE.UU.
También reconoció su imposibilidad de probar la conspiración para
cometer asesinato, que pesa sobre uno de ellos, Gerardo Hernández Nordelo. No
obstante, el Jurado los declaró culpables de todos los cargos, dictando severas
condenas que van desde 15 y 18 años de prisión hasta varias cadenas perpetuas.
Dejando traslucir una motivación estrictamente política.
El 27 de mayo del 2005, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las
Naciones Unidas, órgano que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de
esa organización mundial, luego de analizar el caso a pedido de los familiares
de los detenidos, determinó que la detención que padecen es arbitraria y
contraviene el artículo 14 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Poco tiempo después, el 9 de agosto del 2005, el Tribunal de
Apelaciones de Atlanta resolvió, por el fallo unánime de los tres jueces a
cargo, anular lo actuado, revocar las sentencias, y disponer nuevo juicio en
sede imparcial, fundamentando su decisión en un extenso escrito de 93 páginas
en el que da la razón a la Defensa, sosteniendo que el juicio no debió
realizarse en Miami. Lejos de tomar alguna iniciativa que remediara tantas
arbitrariedades, la Fiscalía tardó dos largos meses en apelar la decisión, que
fue aceptada. Recientemente, el 9 de agosto del 2006, en nueva maniobra
dilatoria, el pleno del Tribunal resolvió rechazar la moción para la
realización del nuevo juicio dispuesto exactamente un año antes, y reenvió el
caso al Tribunal inicial, para que se expida en relación a los otros nueve
puntos sobre los que está formulada la apelación.
Como castigo adicional e inaceptable, los familiares debieron esperar
meses enteros para que les sean concedidas las visas y poder visitarlos en los
EE.UU. La niña Ivette González Salanueva ha podido finalmente ver a su padre,
tras siete años sin poder llegar a él, pero su madre continúa sin poder visitar
a su esposo al igual que Adriana Pérez a quien le niegan la visa para visitar a
Gerardo Hernández Nordelo, su marido.
Los acusados René González Sehwerert, Fernando González Llort, Antonio
Guerrero Rodríguez, Ramón Labañino Salazar y Gerardo Hernández Nordelo, no
cometieron delito alguno, no produjeron hechos violentos ni atentaron contra la
seguridad nacional de los EEUU. Por el contrario, evitando acciones terroristas
(alrededor de 170), contribuyeron a salvar muchas vidas, no sólo de ciudadanos
cubanos sino también de norteamericanos ya que, después de Cuba, Estados Unidos
ha sido el país más afectado por las acciones de grupos como los que ellos
monitoreaban.
Esta conducta les ha valido que la causa por su liberación sea abrazada
por miles de personas, entre las que figuran personalidades que gozan de
prestigio y reconocimiento en el mundo entero como varios premios Nobel de la
Paz, como Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Günter Grass, José Saramago
y muchos otros. Y justamente, en mérito al accionar de los cinco, que evitaron
que siguiera corriendo sangre al haber conseguido frustrar atentados, fueron
propuestos para el Premio Nobel de la Paz en 2005, a iniciativa de relevantes
intelectuales mundiales y de varios de los 270 Comités creados en 96 países en
procura de su justa liberación.
Desde septiembre del año pasado el Departamento de Estado impidió que
funcionarios de la Sección de Intereses de Cuba en Washington realicen visitas
consulares al prisionero, violando las obligaciones emanadas de la Convención
de Viena.
En estos días la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, reiteró su demanda a favor de la libertad de los Cinco.
Por todo ello, y constituyendo
nuestro deber como legisladores tomar posición frente a acontecimientos que son
de interés regional y afectan la plena vigencia de los Derechos Humanos, pongo este
proyecto a disposición de mis pares solicitando su apoyo
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